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Simojovel, Chis., 1 de julio de
1998.
Versión estenográfica de las palabras del
presidente Ernesto Zedillo, durante la
evaluación del Programa Estatal de
Alfabetización, que encabezó en la Escuela
Secundaria Técnica No. 42, de este municipio.
Muy apreciado señor gobernador del estado de
Chiapas, Roberto Albores;
Señor Presidente municipal de Simojovel;
Amigas y amigos de Chiapas:
Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes.
En especial, mucho me satisface estar aquí, en
Simojovel, y tal como lo ha planteado nuestra
amiga Alejandra Pérez, yo confío en que ésta
no será la última vez en que yo tenga el gusto
de estar con ustedes. Ojalá que pueda volver a
Simojovel.
Y también me da mucho gusto estar nuevamente
aquí, en su estado, porque el Gobierno de la
República tiene muchos compromisos con Chiapas y
vamos a cumplirlos todos.
Hace un año, como aquí se ha recordado, en una
gira de trabajo que hice a Pantelhó me
comprometí a que el Gobierno Federal realizaría
un esfuerzo especial para reducir los graves
rezagos que ha padecido Chiapas en materia de
alfabetización y educación para adultos.
A partir de esa iniciativa, las autoridades
educativas de la Federación y del estado
organizaron el Programa de Alfabetización y
Primaria para Adultos 1997-2000.
Resulta muy satisfactorio comprobar que en menos
de un año de trabajo, casi 13 mil 500
alfabetizadores han atendido a más de 86 mil
adultos, siempre en la lengua materna de los
educandos y en español.
Como ya lo escuchamos aquí, muchos de estos
alfabetizadores son estudiantes que hacen trabajo
voluntario y merecen todo nuestro reconocimiento.
Por eso, hoy aquí, todos felicitamos a esos
alfabetizadores. ¡Muchas gracias!
Pero el mayor reconocimiento, sin duda, tiene que
ir para quienes han tenido las ganas, quienes han
puesto el esfuerzo para recibir esta
alfabetización, esta educación para adultos. Y
por eso a todas las personas, como Alejandra
Pérez, de quien hemos recibido un testimonio
extraordinario, también va nuestro
reconocimiento y nuestra felicitación.
Los servicios de alfabetización y de educación
de adultos, como otros que hemos entregado a las
comunidades, son para todos sus miembros, son
para todas las familias.
Además de los problemas de atraso y pobreza que
se viven en Chiapas, un problema muy grave es la
división que se ha dado en el seno de algunas
comunidades y entre unas comunidades y otras.
No debemos permitir que por las divisiones dentro
de las comunidades o entre ellas, haya personas o
familias que se queden sin los servicios de
educación. Todos tienen derecho a ellos, porque
todos son chiapanecos y todos son mexicanos.
El Gobierno brinda estos servicios sin hacer
ninguna distinción por las creencias religiosas
o las diferentes preferencias políticas.
Cada quien tiene derecho a pensar como quiera, a
profesar la religión que quiera, a tener las
ideas políticas que quiera y, al mismo tiempo,
tiene derecho a la educación y a todos los
demás servicios que el Gobierno debe
proporcionar a todas las personas.
La apertura de más escuelas, la edificación de
más centros de salud, la construcción de más
caminos, la multiplicación de apoyos
productivos, deben ser factor de unidad.
Son servicios para que las comunidades vivan más
unidas y con mejores posibilidades para todos sus
integrantes.
De ahí que resulte tan importante que todos
trabajemos por lograr, cuanto antes, la
reconciliación en las comunidades y entre las
comunidades.
Y también que todos pongamos nuestra parte para
que se termine el conflicto que empezó hace ya
más de cuatro años.
El Gobierno de la República ha puesto el mayor
esfuerzo para que el conflicto en Chiapas se
solucione por la vía política y nunca por la
violencia.
Desde que comenzó el Gobierno que presido,
incluso desde meses antes, hemos sido nosotros
quienes invitamos a la negociación.
Antes de asumir la Presidencia de la República,
establecí directamente contacto con la
dirigencia del EZLN y expresé nuestra firme
voluntad para entablar una negociación que
condujera a la solución política del conflicto,
que todos los mexicanos deseamos todavía.
La tolerancia y la paciencia han estado desde
entonces del lado del Gobierno, aun en momentos
de gran prueba.
Incluso, por ejemplo, cuando en diciembre de
1994, a pesar de los contactos previos y de lo
que nos habíamos comunicado recíprocamente el
EZLN y un servidor, entonces se dieron en Chiapas
acciones violatorias de la Constitución que
contribuyeron a precipitar la crisis financiera
del país, que impuso un severo costo económico
y humano a la gran mayoría de los mexicanos.
En otros momentos críticos, como en febrero de
1995, el Gobierno dio prioridad a evitar la
violencia y el enfrentamiento, y actuó con
prudencia aun a costa de la eficacia en la
ejecución de órdenes judiciales.
Con el Honorable Congreso de la Unión, el
Gobierno impulsó y logró una ley de consenso,
la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la
Paz Digna en Chiapas, con la que se dio seguridad
y legalidad a la negociación.
Uno de los objetivos establecidos en esta Ley es
propiciar que quienes se han inconformado,
participen en el ejercicio de la política dentro
del marco legal vigente, con respeto absoluto a
su dignidad y las garantías de ciudadanos
mexicanos. Este objetivo sigue siendo válido.
En la Ley se establece también que las
autoridades judiciales mantendrán suspendidos
los procedimientos iniciados en contra de
quienes, en su momento, irrumpieron violentamente
y declararon la guerra al Estado Mexicano. La Ley
establece que esta suspensión se mantendrá
siempre que continúen las negociaciones para la
suscripción del Acuerdo de Concordia y
Pacificación a que se refiere la Ley.
Aunque esta condición no ha sido cumplida por
quienes sostienen la amenaza de la violencia, el
Gobierno de la República ha mantenido en la
práctica el principio que la inspira, como
expresión clara de su voluntad de construir una
solución política al conflicto.
Esta actitud abierta y tolerante del Gobierno de
la República es la que ha permitido que, hoy en
día, connotados dirigentes del EZLN que habían
sido arrestados y sujetos a proceso judicial,
estén gozando de plena libertad y llevando a
cabo, sin ninguna cortapisa, un intenso
proselitismo a favor del grupo armado.
Sobre la base de la Ley acordada por el Congreso
de la Unión, también fue el Gobierno Federal el
que propuso las bases para el diálogo y la
negociación, recogidas en el Acuerdo de San
Miguel, y que permitieron encauzar las
negociaciones, sin menoscabo de que cada parte
mantuviera sus opiniones.
Como muestra de buena fe, el Gobierno Federal
aceptó a ciertos intermediarios, aun a sabiendas
de la parcialidad de los mismos. Esa buena fe,
como se ha visto después, fue defraudada.
Hay que recordar que en el Acuerdo de San Miguel,
las partes nos comprometimos a mantener el
diálogo de manera permanente, a superar
cualquier incidente ajeno a la negociación y
todos los desacuerdos sobre la negociación, sin
levantarnos de la mesa de pláticas.
En el curso de las negociaciones, han sido los
representantes del Gobierno quienes siempre
acudieron puntualmente a las sesiones de
negociación y quienes siempre presentaron
propuestas concretas para resolver el conflicto.
Con la más firme voluntad de llegar al
entendimiento que permitiera resolver el
conflicto, firmamos los acuerdos de San Andrés
Larráinzar, que siempre hemos estado dispuestos
a cumplir, salvaguardando, eso sí, conforme a la
Constitución de la República, la integridad del
territorio nacional, la unidad de los mexicanos y
la soberanía de la nación.
Estamos dispuestos a cumplir los acuerdos
alcanzados, sin volver a condiciones de
desigualdad que, desde hace mucho, han sido
superadas por las luchas del pueblo mexicano, sin
dar pasos atrás en materia de derechos
individuales.
En cumplimiento de estos acuerdos, ha sido el
Gobierno Federal el que propuso al Honorable
Congreso de la Unión una Iniciativa de Reforma a
la Constitución en Materia de Derechos y Cultura
Indígenas.
Los hechos demuestran que ha sido el Gobierno de
la República el que ha puesto toda su voluntad,
hasta el límite de sus facultades
constitucionales, para resolver el conflicto
pacíficamente y no por la fuerza; para
resolverlo dialogando y negociando, con ánimo
sincero, pensando en todos los chiapanecos y en
todos los mexicanos.
Desafortunadamente, el Gobierno no ha encontrado
reciprocidad.
No ha sido el Gobierno el que se ha levantado de
la mesa de negociación unilateralmente.
No ha sido el Gobierno el que, con diversos
pretextos, no cumple los Acuerdos de San Miguel.
Han sido otros los que han desatendido la demanda
de todos los mexicanos, de dejar la amenaza de
las armas, de convertirse en fuerza política
dentro de la Ley y de luchar por sus objetivos en
el marco de la democracia.
Estos son los hechos que, con objetividad, todos
los mexicanos hemos visto.
Por eso faltan a la verdad quienes sostienen que
el Gobierno de la República practica un doble
lenguaje, una doble manera de actuar.
Una vez más, categóricamente afirmo que no es
así. El Gobierno de la República sigue firme en
su voluntad de negociar y de solucionar el
conflicto políticamente, sin violencia, en favor
de las comunidades indígenas.
El Gobierno sigue y seguirá teniendo la firme
voluntad de resolver el conflicto sin vencer a
nadie. A pesar de las declaraciones de otros, el
Gobierno de la República nunca ha estado ni
estará en guerra contra grupo alguno de
mexicanos. No puede haber guerras entre
mexicanos.
Pero esto no significa que el Gobierno pueda ni
deba renunciar a su responsabilidad
constitucional de defender los derechos de todos
los mexicanos.
El Gobierno no puede permanecer pasivo cuando se
atropellan los derechos de quienes no están de
acuerdo con quienes amenazan con la violencia
para imponer su dominio entre las comunidades.
Este criterio es válido para quienes se
inconformaron en 1994, así como para otros
grupos que han pretendido arrogarse la causa de
la paz y de la justicia.
El Gobierno atenderá toda demanda en contra de
cualquier grupo, de cualquier ideología, que
atente contra la vida y los derechos de otros
mexicanos, simplemente porque no piensan como
ellos.
No toleraremos grupos paramilitares de ningún
signo.
No hay doble lenguaje.
He afirmado con absoluta convicción que el
Gobierno comparte las causas de la justicia que
los inconformes dicen defender. Pero el Gobierno
debe atender, también otras causas legítimas,
no renunciables, que son las de muchos otros
chiapanecos, indígenas y no indígenas, que son
las causas de muchos otros mexicanos.
El Gobierno de la República tiene la obligación
de ser sensible a los intereses legítimos de
todos los grupos, no solamente de uno, por justa
que pueda ser su causa.
Esta es, por ejemplo, la función que honrosa y
dignamente cumple el Ejército de la República
en Chiapas, que está aquí para evitar la
violencia, no para ejercerla en contra de nadie
en particular, como lo ha demostrado claramente
con su actuación a lo largo de más de cuatro
años.
El Ejército Mexicano está aquí para proteger
los derechos de quienes no creen en la amenaza de
la violencia como medio para superar los
problemas sociales de las comunidades indígenas.
El Ejército está en Chiapas para evitar el
enfrentamiento entre comunidades y el abuso de
grupos de cualquier signo, abuso que si se
permite, provoca más violencia y más graves y
trágicos crímenes, como en los casos que ya
hemos tenido que lamentar.
Hay quienes dicen que retirando al Ejército
unilateralmente se generarían condiciones para
el diálogo.
Quienes así opinan, no piensan en la gran
mayoría de los indígenas chiapanecos, que han
sufrido la amenaza de la violencia o viven
acechados por ella.
Quienes exigen esa medida, no se preguntan qué
pasaría con la población inerme que tiene
derechos tan legítimos como los de todo
mexicano.
No parecen preocuparse por los derechos de
quienes no desean someterse a la voluntad del
grupo que ha declarado la guerra al Estado
Mexicano y mantiene la amenaza del uso de las
armas.
Por ello insisto en que no es el Gobierno el que
ha tenido, ni tendrá, un doble discurso.
Quienes tienen un doble lenguaje son los que se
dijeron mediadores y fallaron en esa tarea por
anteponer su parcialidad y sus intereses de
grupo.
Quienes utilizan un doble lenguaje son los que se
pronuncian en favor del diálogo, pero justifican
que se interrumpa unilateralmente.
Quienes utilizan el doble lenguaje son quienes
dicen defender los derechos humanos y los
intereses de las comunidades, pero lo hacen sólo
respecto a quienes simpatizan políticamente con
ellos, ignorando los atropellos que sufren otras
personas y otras comunidades.
Quienes utilizan un doble lenguaje, son quienes
hablan de legalidad y de respeto a la
Constitución, pero promueven activa y
constantemente la participación de extranjeros
en el conflicto, en clara contradicción con el
mandato constitucional y con el sentimiento de la
gran mayoría de los mexicanos.
Porque conocemos las consecuencias que trae
consigo la intervención de extranjeros en los
asuntos políticos del país, el Gobierno
seguirá rechazando con los medios que le da la
Ley, la injerencia de extranjeros en los asuntos
que sólo nos compete a los mexicanos resolver.
El Gobierno ha sido y seguirá siendo congruente
en su voluntad de diálogo, pero no a costa de la
legalidad, ni de la integridad de nuestro
territorio, ni de la soberanía nacional.
El Gobierno hará lo necesario para impedir que
los radicales y los intolerantes de cualquier
lado impongan su afán de violencia.
No podemos permitir que las minorías
intransigentes y extremistas se impongan al deseo
y a la voluntad de conciliación y de paz, digna
de la inmensa mayoría de los mexicanos.
No debemos permitir que se impongan ni cacicazgos
de viejo cuño, ni quienes dicen querer resolver
las injusticias, pero rechazan la ley y la
democracia.
La inmensa mayoría de los mexicanos queremos
justicia para Chiapas. Queremos justicia para
quienes sufren condiciones de pobreza y
marginación. Queremos justicia para nuestras
hermanas y nuestros hermanos indígenas.
Queremos justicia para Chiapas, en el marco de la
democracia, en el marco del pluralismo, en un
marco de reconciliación, donde se respete la
manera de pensar y de vivir de cada quien en
todas las comunidades.
Sólo con la palabra, con el diálogo, escuchando
unos a otros, podremos evitar más sufrimientos
para quienes han sido víctimas de la violencia y
para quienes viven con temor por ella.
Lo podemos lograr negociando la salida política
al conflicto, que quiere decir que una y otra
parte deben ceder para que todos ganen.
Deben dejarse atrás las posiciones de quienes
plantean el todo o el nada, pues quienes lo hacen
acaban quedándose con el nada.
Sólo así podremos dedicar toda nuestra fuerza,
la fuerza de todos, a resolver los problemas
profundos de Chiapas, los problemas viejos y
nuevos de la pobreza, del abuso, de la
desigualdad, de la injusticia.
Una vez más digo aquí en Chiapas, a todos los
chiapanecos y a todos los mexicanos, que el
Gobierno Federal está abierto a la negociación
para resolver el conflicto políticamente.
Que el Gobierno no será nunca el agresor de
nadie, pero tampoco renunciará a su obligación
de hacer valer el Estado de Derecho.
Una vez más, reitero que el Gobierno no quiere
que haya vencedores ni derrotados, el Gobierno
sólo quiere el triunfo de México, el triunfo de
la ley, el triunfo de !a justicia, el triunfo de
la democracia.
Para lograrlo, ya no debemos aceptar
protagonismos, liderazgos mesiánicos, ni
apostolados de la hipocresía.
Debemos pensar únicamente en la gente, en el
futuro que será mejor sólo si trabajamos dentro
de la ley, con la fuerza de las instituciones, en
la conciliación democrática.
Sólo así todos los chiapanecos, sobre todo las
comunidades indígenas, tendrán más y mejor
educación, más y mejores servicios de salud,
más y mejores caminos y carreteras, más y
mejores oportunidades de trabajo y de bienestar
social.
El Gobierno Federal seguirá trabajando
intensamente por la seguridad y la superación
social de todos los chiapanecos.
El Gobierno de la República seguirá trabajando
con las autoridades estatales y municipales, con
las organizaciones sociales y con las
comunidades, para resolver los problemas de la
pobreza, sin manipulación y procurando siempre
la equidad.
Por eso, amigas y amigos alfabetizadores, amigas
y amigos de Chiapas que buscan en la educación
un instrumento para vivir mejor por su propio
esfuerzo, seguiremos adelante en esta noble tarea
de dar educación a los adultos que en su momento
no pudieron tenerla.
Por eso, exhorto a todos los chiapanecos y a
todos quienes están verdaderamente interesados
en el progreso del pueblo de Chiapas, a poner la
parte que a cada quien le corresponde, para
construir el futuro mejor que todos los mexicanos
queremos para este gran estado.
Muchas gracias.
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