Es más, mucho más, lo que nos une como mexicanos, que lo que nos separa.

Es mucho más lo que nos identifica y lo que nos acerca, que lo que puede dividirnos y distanciarnos.

Hoy reitero que, incluso ante conflictos tan complejos y dolorosos como el de Chiapas, los mexicanos queremos y podemos lograr los acuerdos que aseguren respeto y concordia para todos; oportunidades y progreso para todos; dignidad y justicia para todos.

Con esta convicción, quiero reafirmar en qué no está de acuerdo el Gobierno Federal y en qué sí está de acuerdo para resolver el conflicto en Chiapas.

El Gobierno Federal no está, ni puede estar de acuerdo, con la violencia.

La violencia no conduce a la concordia; genera más y peor violencia. No conduce al progreso sino a la destrucción y el atraso. Tampoco conduce a la justicia ni a la dignidad.

La violencia nunca resuelve problemas; solamente los agrava.

Por eso, el Gobierno Federal jamás estará de acuerdo con ninguna forma de violencia, provenga de donde provenga.

No se puede aceptar que esgrimiendo una causa que es justa, la de solucionar la pobreza y el abandono, se acuda a la amenaza de las armas, que es la de la violencia.

Del mismo modo, tampoco se puede aceptar que ante la amenaza de las armas o ante la amenaza de inseguridad en los bienes e intereses propios, sean legítimos o no, se reaccione con violencia.

Quien recurre a la violencia o a las armas, igual que quien amenaza con hacerlo, pretende tomar la justicia en sus manos; pretende ponerse por encima de la ley y ser juez de los demás.

Esto no es aceptable. No lo pueden aceptar ni el Gobierno Federal ni la sociedad.

Pretender tomar la justicia en propia mano es un delito que atenta contra la ley y atenta contra la democracia. Es un delito que debe ser castigado.

El Gobierno Federal tampoco cree que la fuerza del Estado es la que debe resolver el conflicto en Chiapas.

De ahí que el Gobierno Federal ni ha ejercido, ni ha amenazado con ejercer esa fuerza. Así ha sido desde el primer día y así será hasta el último día de mi gobierno.

Quienes hablan de una amenaza del Gobierno Federal; quienes hablan de que el Gobierno está buscando enfrentamientos o que está induciendo la violencia, saben bien que faltan a la verdad.

Saben bien que no hay enfrentamientos inevitables y que el Gobierno Federal no sigue ni tiene estrategias de guerra en Chiapas.

Saben que sus palabras son para ganar adeptos, para mantener simpatías, para sustentar su propaganda en México y en el exterior.

La verdad es que el Gobierno Federal ha acreditado repetidamente, con hechos, que no creé que el uso de la fuerza sea la solución en Chiapas.

Quienes por razones de su estrategia, de su propaganda o de sus intereses políticos, están faltando a la verdad, saben bien que en estos tres años, el Gobierno Federal no ha utilizado su fuerza en Chiapas a pesar de las provocaciones, las falsedades y las amenazas.

Saben incluso, que hagan lo que hagan, el Gobierno Federal no utilizará la fuerza represiva. Sólo defenderá la ley y las instituciones de los mexicanos.

Ciertamente quienes faltan a la verdad, saben que están aprovechándose de la tolerancia del Gobierno Federal; de una tolerancia que aunque irrite a una parte de la ciudadanía, es propia de una auténtica democracia.

Pero también deben estar conscientes de que al actuar así, en vez de apresurar la solución, prolongan el conflicto; en vez de ser parte de una respuesta justa y digna para todos, se vuelven parte del problema.

En este sentido, quienes utilizan el conflicto en Chiapas o incluso los hechos trágicos que nos duelen e indignan a todos para alimentar su protagonismo, para promover intereses de congregación o de grupo, o para confundir a la opinión pública, saben bien que no están contribuyendo a la solución del conflicto.

No es aceptable que el conflicto en Chiapas se utilice para favorecer propósitos políticos que no tienen nada que ver con la solución a las causas profundas de la justa inconformidad de las comunidades indígenas.

Quienes así lo están haciendo, apuestan a la discordia y al encono; apuestan a que prevalezca todo aquello, cierto o falso, que movilice a gente de buena fe en apoyo de sus propósitos políticos, en vez de apostar al trabajo unido para solucionar las causas sustantivas de la injusticia y el abandono.

El Gobierno Federal tampoco está de acuerdo con quienes desean, buscan, motivan, invocan o facilitan la injerencia externa para hacer lo que los mexicanos podemos lograr.

A lo largo de nuestra historia, nunca, absolutamente nunca, ningún problema ni ningún conflicto entre mexicanos, ha sido resuelto por extranjeros o desde el exterior.

Intervenir, aun de buena fe, en asuntos internos que sólo competen a los mexicanos, es injusto para un país que se ha distinguido por respetar la vida interna de las demás naciones. Es injusto para un país que, como México, se ha esmerado porque se respete la autodeterminación de toda nación, grande o pequeña, frágil o poderosa.

Para los mexicanos y para el Gobierno Federal resulta inadmisible que haya personas que incluso transgrediendo nuestras leyes, aunque alegando razones humanitarias estén directamente involucradas en el conflicto de Chiapas; en especial nos preocupa su conducta, cuando en sus propios países todavía tienen vivos la división, el conflicto y aun el terrorismo engendrados por el colonialismo o el autoritarismo no distante en su propia historia.

Muchos de quienes desde el exterior se inmiscuyen, no para ayudar a la solución del conflicto, sino para mantenerlo como bandera, obrarían mejor trabajando para reparar las injusticias que en sus propias tierras han dejado el autoritarismo y la exclusión de sus antepasados.

En estos dos puntos, la violencia y la injerencia externa, el Gobierno Federal no puede estar de acuerdo.

Pero sí ha estado y seguirá estando de acuerdo en que el único camino para alcanzar una paz con justicia y dignidad en Chiapas, es el diálogo, es la negociación.

El Gobierno Federal ha estado y seguirá estando de acuerdo en que la única solución rápida, pacífica y definitiva del conflicto está en satisfacer los reclamos indígenas de una nueva relación con el Estado Mexicano.

Por eso, el Gobierno Federal está de acuerdo en construir una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad mexicana y el Estado.

Como dicen los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, una nueva relación que atienda y remedie las condiciones de pobreza, explotación y exclusión política que por años y años ha lastimado y sigue lastimando a los pueblos indígenas.

Una nueva relación en la que la Federación, los estados y los municipios promuevan, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la participación de los pueblos indígenas, su desarrollo equitativo y sustentable, así como el combate a toda forma de discriminación.

El Gobierno Federal ha estado y siempre estará de acuerdo en cumplir un compromiso fundamental de propiciar que se destierren mentalidades, actitudes y comportamientos discriminatorios hacia los indígenas.

Está de acuerdo en que para forjar una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, es preciso desarrollar una cultura de la pluralidad y la tolerancia. Una cultura que acepte las visiones del mundo, las formas de vida y los conceptos de desarrollo de los pueblos indígenas.

Como dicen los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, el Gobierno Federal está de acuerdo en impulsar cambios jurídicos y legislativos que amplíen la participación y la representación política, tanto local como nacional, de los pueblos indígenas, respetando sus diversas situaciones y tradiciones, y fortaleciendo un nuevo federalismo en la República Mexicana, en un marco constitucional que asegure la unidad nacional.

El Gobierno está de acuerdo en que el reclamo de que las voces y demandas de los indígenas sean escuchadas y atendidas, debe llevar al reconocimiento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas dentro del marco de la nación Mexicana.

El Gobierno Federal está de acuerdo en que tiene el deber de garantizar el acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del Estado, con reconocimiento y respeto a especificidades culturales y a sus sistemas normativos internos, siempre y cuando que se garantice el cabal respeto a los derechos humanos y a los principios de la Constitución.

El Gobierno Federal está de acuerdo en que en los juicios y procedimientos legales, los indígenas tengan en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores, particulares o de oficio, que tengan conocimiento de sus lenguas y culturas.

Asimismo, el Gobierno está de acuerdo en reconocer la rica diversidad cultural de los pueblos indígenas; en asegurar su mayor y mejor educación y capacitación; una educación que si es impartida por el Estado sea pública e intercultural, así como una capacitación que mejore los procesos productivos.

El Gobierno Federal está de acuerdo en lo que señalan los Acuerdos de San Andrés, en el sentido de que el Estado debe garantizar a los pueblos indígenas condiciones que les permitan ocuparse de su alimentación, salud y vivienda en forma satisfactoria. Y a la vez, que el Estado impulse una política social federalista, integral y participativa que atienda las necesidades básicas, especialmente de las mujeres y los niños.

El Gobierno Federal está de acuerdo en impulsar la producción y el empleo en los pueblos indígenas, así como fomentar políticas sociales específicas para proteger a los indígenas migrantes en nuestro territorio y fuera de él.

El Gobierno Federal está de acuerdo con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Pero no podría aceptar interpretaciones de éstos que atenten contra la soberanía y la unidad nacional, ni que pongan en riesgo las garantías individuales, las libertades y los derechos humanos. No podría aceptar formas de gobierno antidemocráticas y autoritarias, ni fanatismos. No podría aceptar fueros y privilegios excluyentes ni desprecio a las minorías.

Me parece que quien en verdad quiera la solución del conflicto en Chiapas, coincidirá en estos puntos en los que sí está de acuerdo el Gobierno, por eso, demos ya forma a los Acuerdos de San Andrés.

Demos ya forma a los Acuerdos de San Andrés para que, entre todos, comenzando por la autoridad, abramos caminos al progreso y a la democracia con respeto a la diversidad cultural y al pluralismo político.

Demos ya forma a los Acuerdos de San Andrés a fin de avanzar genuinamente en el reconocimiento, la inclusión y el aliento a los pueblos indígenas para que la democracia, la libertad y la justicia sean de todos; para que nunca más en México haya un mexicano que no se sienta parte de la Nación.

La nuestra es una gran Nación.

Nada ni nadie debe dividirla. Nada ni nadie debe poner en riesgo su soberanía ni la integridad de su territorio.

Nada ni nadie debe socavar el orgullo que cada mexicano siente de ser eso: de ser ante todo, mexicano.

Por eso, aprovechemos que es más, mucho más lo que nos une como mexicanos para consagrar nuestras voluntades, nuestra creatividad y nuestro esfuerzo y curar así las heridas que tanto nos duelen.

Muchas gracias.