El Gobierno de México se ha empeñado siempre en encontrar las vías políticas para encauzar las diferencias entre los mexicanos a través del diálogo, la razón y la ley. Reanudar el esfuerzo para terminar el conflicto en Chiapas es una necesidad ineludible e impostergable que el Gobierno Federal reconoce en los términos de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas aprobada por unanimidad del Congreso de la Unión en marzo de 1995 y que ordena:

• Asegurar la paz, justa, digna y duradera en Chiapas.
• Atender las causas que originaron el conflicto.
• Propiciar la incorporación del EZLN al ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos y con respeto absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos.
• Conciliar las demandas e intereses legítimos de los sectores de la sociedad chiapaneca.
• Promover al bienestar social y desarrollo sustentable en la entidad.
• Proponer los lineamientos para la amnistía que en su caso apruebe el Congreso de la Unión.

En cumplimiento de la parte que le corresponde, el Gobierno Federal despliega una intensa política social y económica contra la pobreza, de ayuda humanitaria a los desplazados y de apoyo a las comunidades marginadas del estado, insistiendo en la reanudación del diálogo con el EZLN. El Presidente Zedillo ha reiterado que "serán la legalidad, nunca el autoritarismo; la tolerancia, nunca el enfrentamiento violento; y la responsabilidad social, nunca la insensibilidad o la indiferencia", los medios para seguir atendiendo los conflictos que preocupan a los mexicanos. Hoy, el Presidente de la República ha instruido al Secretario de Gobernación a dar un paso más, firme y de buena fe, hacia la solución del conflicto en Chiapas.

En consecuencia, el Gobierno Federal plantea lo siguiente:

Primero: El Gobierno de la República siempre ha estado convencido de la necesidad de dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés que suscribió con el EZLN en febrero de 1996. Para honrar su compromiso remitió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena. Por su parte, el EZLN ha manifestado su aprobación a la propuesta de la COCOPA.

A fin de avanzar hacia la solución del conflicto, el Gobierno solicita al Senado de la República que determine el mecanismo por el cual las comisiones dictaminadoras integren a su análisis, otras legislaciones e información en materia de derechos y cultura indígena, a la luz de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Estos documentos podrán serán enviados conjuntamente, por el Gobierno y el EZLN. Asimismo, que las comisiones legislativas establezcan la posibilidad de escuchar nuevos puntos de vista del EZLN y de otras organizaciones y personas interesadas.

Con esos elementos novedosos, podremos solicitar al Senado de la República que considere dictaminar la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena durante el presente periodo ordinario de sesiones.

Segundo: Se convoca al EZLN para concertar un programa calendarizado para dar cumplimiento pleno a los demás compromisos acordados en San Andrés, en especial aquellos que atañen al desarrollo social de las comunidades indígenas del Estado de Chiapas.

Tercero: La Secretaría de Gobernación, con apego a Derecho, solicita a las instancias competentes la liberación de miembros o simpatizantes del EZLN que no estén implicados en hechos de sangre o violaciones.

Para culminar este proceso, consideramos necesario examinar con el EZLN los casos de personas que reconozca como sus bases de apoyo y que hayan sido acusadas por infracciones a la ley, con el propósito de revisar las denuncias en su contra.

Cuarto: El Gobierno analizará cuidadosamente las denuncias de hostigamiento y otros ilícitos que plantean diversas organizaciones de derechos humanos, las propias comunidades o personas afectadas. La PGR establecerá un programa especial para conocer y analizar estos casos, brindando a los testigos la protección necesaria a través de la oficina que establecerá en el estado de Chiapas.

Al mismo tiempo se toman medidas para asegurar que en ningún caso haya impunidad de grupos o personas que hayan delinquido.

En las actuales condiciones del Estado de Chiapas, esta acción exige extremar las medidas para evitar que la persecución de los infractores sea pretexto de nuevas injusticias o irregularidades. Es pertinente examinar, conjuntamente, las acciones que deban tomar el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, las comunidades y el EZLN, independientemente de filiaciones políticas o simpatías sociales.

Quinto: El Gobierno Federal tiene particular interés en garantizar la eficacia del diálogo y está de acuerdo en el establecimiento de una nueva instancia de intermediación, civil y apartidista, conformada por mexicanos de reconocida imparcialidad, dotada de la suficiente capacidad de convocatoria, interlocución y decisión, para suscitar encuentros constructivos entre y con las partes. Refrenda también la importancia de la labor de coadyuvancia de la COCOPA y le ha invitado a intensificar la importante encomienda que le confiere la Ley para el Diálogo. Procederemos a reconstituir la delegación gubernamental en la Comisión de Seguimiento y Verificación, COSEVER, y a solicitar la reanudación de sus trabajos.

Sexto: La representación gubernamental que podrá encontrarse con el EZLN contará con la suficiente capacidad de decisión y voluntad negociadora. Estará abierta a conformar una agenda de negociación de manera conjunta con el EZLN que incluya diversas medidas para dar atención inmediata y urgente a las comunidades que han resultado más afectadas por el conflicto, como el retorno de los desplazados a sus comunidades de origen y un mecanismo de comunicación permanente entre las partes.

El conflicto se resolverá mediante el diálogo, la razón y la ley. El Gobierno de la República está decidido a continuar por esta vía política y dar un paso más con franqueza, seriedad y buena fe, por el bien de México y de Chiapas.

DIÓDORO CARRASCO ALTAMIRANO
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

México D.F., a 7 de septiembre de 1999.