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PRINCIPALES SUCESOS
RELACIONADOS CON EL CONFLICTO EN CHIAPAS
23
de enero al 13 de abril de 1998
I.
POLÍTICA DEL GOBIERNO PARA LA PACIFICACIÓN EN
CHIAPAS
- Discurso
de Kanasín. El 23 de enero de este
año, el Presidente Zedillo expone la
postura de su Gobierno ante el conflicto
de Chiapas:
* Sí
al diálogo y la negociación, sí a
la nueva relación con los indígenas, a dar
forma a los Acuerdos de San Andrés, sí
al reconocimiento e inclusión de los
indígenas, sí al remedio de la
pobreza y la exclusión, sí al
combate a la discriminación, sí a la
pluralidad y la tolerancia, sí al
nuevo federalismo, sí a
procedimientos judiciales con intérpretes y
defensores de oficio y sí al
aseguramiento de la alimentación, salud y
vivienda de las etnias.
* No a
la interpretación de los Acuerdos de San
Andrés atentatoria contra la soberanía y la
unidad, no a la violencia, no a
la injerencia extranjera, no al uso de
la fuerza para reprimir, no a la
estrategia de guerra, no al
protagonismo, no a la utilización del
conflicto, no a la justicia por propia
mano, no a los gobiernos autoritarios,
antidemocráticos o creadores de privilegios.
- Reducción de
observaciones. El 24 de enero, la
Secretaría de Gobernación, en acuerdo
con la Comisión de Concordia y
Pacificación (Cocopa), anuncia que el
Gobierno ha accedido a reducir las 27
observaciones al proyecto de reformas
constitucionales de la Comisión de
Concordia y Pacificación a sólo 4 ejes
de observación.
- Estrategia
del Gobierno para Chiapas. El 26 de
enero, el titular de La Secretaría de
Gobernación anuncia ante diputados la
estrategia del Gobierno para la
pacificación en Chiapas, que consiste en
5 elementos y 12 acciones. Elementos:
1.
Intensificar el diálogo y la negociación
2. Formular,
conforme a los Acuerdos de San Andrés, un
proyecto de ley que satisfaga a las partes
3. Distender,
con palabras y hechos la situación de
conflicto
4. Colaborar
todos con ayuda humanitaria, en especial para
desplazados
5. Acelerar la
atención de demandas sociales y los
programas de desarrollo
1. Aplicar la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
2. Continuar
la investigación de los hechos de Acteal
3. Mejorar el
sistema estatal de procuración de justicia
4. Suprimir el
cobro de impuestos no autorizados
5. Eliminar
los bloqueos de caminos
6. Impulsar la
participación de los chiapanecos y sus
autoridades en la solución del conflicto
7. Promover la
remunicipalización y la redistritación
electoral
8. Eliminar la
duplicidad de autoridades en los municipios
9. Revisar, a
solicitud expresa y de conformidad con su
procedencia, las posiciones del Ejército
10. Formular
un programa de retorno para los desplazados
11. Formular
un programa de indemnización para las viudas
y huérfanos de las víctimas de los hechos
de Acteal y Ocosingo
12. Contribuir
a que llegue la ayuda humanitaria.
- Observaciones
del Gobierno. El 2 de febrero, el
Coordinador para el Diálogo entrega a la
Comisión de Concordia y Pacificación
los 4 ejes de observación del Gobierno a
la iniciativa de esa instancia, con el
fin de que haga llegar el documento al
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN). Las observaciones se
orientan a que la autonomía incluya la
obligación de fortalecer la soberanía,
la unidad y la democracia nacionales y el
respeto de los tres niveles de Gobierno;
que el derecho de los indígenas a elegir
a sus autoridades de conformidad con sus
usos y costumbres se ejerza con pleno
respeto al municipio; que la explotación
colectiva de los recursos naturales se
haga dentro de lo estipulado en el
artículo 27 constitucional; que el
otorgamiento del derecho de los
indígenas a tener sus propios medios de
comunicación no implique violar la
garantía constitucional de igualdad
jurídica de todos los mexicanos al
establecer un régimen de excepción.
- Pronunciamiento
sobre el rol del Poder Constituyente. El
5 de febrero, el titular de la
Secretaría de Gobernación señala la
conveniencia de recordar que, de acuerdo
con el espíritu y la letra de nuestra
Constitución, el Poder Constituyente es
soberano y sólo a él le corresponde
modificar la Constitución. Por tanto,
nadie puede exigir al Poder Ejecutivo que
presente un proyecto y garantice la
realización de una reforma que le
corresponda a otro de los Poderes del
Estado Mexicano y para la cual se
requiere el voto favorable de la mayoría
calificada del Congreso de la Unión y de
las legislaturas locales.
- Respuesta
del EZLN. El 16 de febrero, el EZLN
rechaza, en voz de Ezequiel,
cualquier cambio que se pretenda hacer al
proyecto de la Comisión de Concordia y
Pacificación y afirma que el EZLN quiere
"todo o nada". Por su parte, el
zapatista Benjamín da lectura a
un documento en que los rebeldes demandan
solución inmediata al problema en
Chenalhó, el desarme y la desaparición
de los grupos paramilitares, la
liberación de los presos zapatistas, el
castigo a los responsables de los hechos
de Acteal y el alto a la persecución de
dirigentes del EZLN.
- Respuesta
del Gobierno al EZLN. El 17 de
febrero, el titular de la Secretaría de
Gobernación hace pública la posición
del Gobierno frente a la negativa del
EZLN a valorar los cuatro ejes de
observación planteados por el Gobierno.
Lamenta la intransigencia del EZLN y su
negativa a reanudar el diálogo. Afirma
que México no puede ser rehén de nadie,
lamenta que la solución de los problemas
de Chiapas se tope con el muro del
dogmatismo y ofrece el repliegue del
Ejército en el momento en que el EZLN se
siente a negociar.
- Publicación
de la invitación de la SG al EZLN para
reanudar el diálogo. El 2 de
febrero, en un comunicado de prensa, la
Secretaría de Gobernación hace público
el mensaje que envió al EZLN el 23 de
enero, por medio de la Comisión Nacional
de Intermediación (Conai), en el que
hace ocho propuestas viables para
reanudar lo más pronto posible el
diálogo y la negociación para poner fin
al conflicto armado en Chiapas. Con ello,
se desmienten las versiones difundidas
por el EZLN, en el sentido de que la
Secretaría de Gobernación le había
propuesto tratos o negociaciones
ilegítimos, secretos o siquiera
confidenciales. Las propuestas fueron las
siguientes:
1. Se
honrarán los Acuerdos de San Andrés
Larráinzar, así lo indica la declaración
pública del día de hoy del Presidente de la
República.
2. Para tales
efectos deseamos encontrar una fórmula
jurídica que deje satisfechas a ambas
partes.
3. Tenemos
interés en escuchar y conversar con el EZLN,
con signos de distensión bilateriales.
4. Reconocemos
la importancia del comunicado conjunto
Cocopa-Conai, publicado el día de hoy y los
temas que en el mismo se incluyen.
5. Deseamos
culminar el proceso de pacificación porque
la persistencia del conflicto es dañina para
la zona norte, de Los Altos y Cañadas, para
Chiapas, el país y todas las partes
involucradas en el mismo. Queremos una paz
digna.
6. Emilio
Rabasa Gamboa es el único conducto para
llevar nuestras propuestas a la dirigencia
del EZLN. Tendrá un margen de decisión
preciso, fuera del cual requerirá hacer
consultas y recibir las autorizaciones
correspondientes.
7. Proponemos
una reunión para transmitir personalmente
estos puntos y recibir la respuesta de la
dirigencia del EZLN, aceptamos la vía de un
conducto pero preferimos la primera.
8. Se
requerirá de un acuerdo entre las partes
sobre el tratamiento de estos puntos frente a
la opinión pública. Sugerimos se haga del
conocimiento público para contribuir al
clima de distensión necesario, pero
respetaremos un acuerdo de tiempo y forma
para manejarlo.
- Acuerdo
Estatal de Paz. El 28 de febrero, el
Gobernador de Chiapas anuncia el Acuerdo
Estatal para la Paz con Dignidad y la
Reconciliación en Chiapas, que se somete
a consulta pública. El Acuerdo contiene
una serie de consideraciones sobre la
situación actual en que vive el Estado,
las principales demandas de las
comunidades indígenas, la energía de la
sociedad, la necesidad de fortalecer la
soberanía, las instituciones y la
legitimidad de las acciones
gubernamentales, y propone:
* Acciones
para el ejercicio de un gobierno incluyente y
de concordia; para la distensión y la paz;
para el fortalecimiento del Estado de
Derecho, la seguridad y la justicia; para la
celebración de elecciones limpias; para
consolidar una sociedad informada y
participativa; para una política social y
del medio ambiente, y para un Programa de
Reactivación Económica.
* Contiene una
declaración que suscribirán quienes se
adhieran al Plan, que refiere las siguientes
consideraciones: que el Plan es un esfuerzo
de concertación convergente con los Acuerdos
de San Andrés y busca dar respuesta a
demandas y construir condiciones para el
reinicio de las conversaciones de paz; que
unifica las voluntades en un propósito
común y que su firma está encaminada a
fortalecer la vida de las instituciones y a
revitalizar la soberanía estatal; que busca
normalizar la vida política y social,
reactivar la vida económica y fortalecer la
legitimidad de las acciones del Gobierno de
Chiapas.
- Nueva
propuesta para la iniciativa. El 1º
de marzo, el titular de la Secretaría de
Gobernación convoca a la Comisión de
Concordia y Pacificación a elaborar, en
conjunto con el Gobierno, una nueva
iniciativa de reformas que tome en cuenta
los 4 ejes de observación. Anuncia que
la iniciativa se enviará al Congreso el
15 de marzo.
- Respuesta
de la Cocopa. El 10 de marzo, en
comunicado leído por Francisco Javier
Gil, presidente en turno, la Comisión de
Concordia y Pacificación se declara
imposibilitada para responder a la
propuesta del Gobierno Federal tanto por
falta de consenso en su interior como por
no ser parte del conflicto, ya que su
propósito fundamental es la coadyuvancia
para el logro de la paz mediante el
diálogo. Llama al EZLN a un encuentro
urgente para reflexionar conjuntamente,
aún sobre su negativa, a reanudar el
diálogo.
- Iniciativa
de Reformas Constitucionales en Materia
de Derechos y Cultura Indígenas.
El 15 de marzo, el Presidente de la
República presenta al Congreso de la
Unión una iniciativa de reformas a
varios artículos de la Constitución
para dar forma legal a lo pactado en los
Acuerdos de San Andrés y dar expresión
a la nueva relación del Estado Mexicano
con todos los pueblos indígenas del
país. La iniciativa:
* Reconoce la
autonomía y libre determinación de los
pueblos indígenas.
* Protege la
identidad cultural de los pueblos indígenas
a efecto de que la educación que imparta el
Estado sea bilingüe, con respeto a sus
tradiciones, usos, costumbres y lenguas.
* Regula la
adquisición, operación y administración de
medios de comunicación por los pueblos
indígenas para facilitar la transmisión de
su cultura, lengua y conocimientos .
* Establece
una impartición de justicia en materia de
conflictos internos acorde a sus sistemas
normativos y determina que sus resoluciones
deberán ser convalidadas a través de
procedimientos simples establecidos en las
leyes.
* Señala que
los indígenas deberán ser asistidos en los
juicios por intérpretes y defensores que
tengan conocimiento de su lengua y su
cultura.
* Ratifica la
participación y representación de los
indígenas en los órganos decisorios
municipales conforme a sus tradiciones, usos
y costumbres.
* Protege la
asociación de las comunidades indígenas
para promover su desarrollo.
* Impulsa la
remunicipalización con inclusión de la
distribución geográfica de pueblos y
comunidades.
* Reconoce el
acceso colectivo de los indígenas al uso y
disfrute de los recursos naturales, con
respeto a los dispuesto por el Artículo 27
Constitucional.
- Declaratoria
política del PRD. El 4 de abril, el
PRD se manifiesta en contra de que el
Presidente de la República haya
presentado una iniciativa de reformas
constitucionales en materia de derechos y
cultura indígenas. Se pronuncia por una
tregua político legislativa para la
discusión del proyecto de reformas en el
Congreso de la Unión y anuncia un plan
de acciones de resistencia civil, entre
las que figuran movilizaciones en todo el
país, campañas de información y el
envío de una comisión perredista al
extranjero para denunciar lo que
considera un intento por forzar la paz.
- Respuesta
a la declaración política del PRD.
El 4 de abril, la Secretaría de
Gobernación emite un comunicado, en
relación con la posición manifestada
por el PRD, en el cual declara que:
1. No
corresponde al EZLN hablar por las 56 etnias
del país porque no representa a los 11
millones de indígenas y que la iniciativa en
materia de derechos y cultura indígenas
propone una nueva legislación en beneficio
de todos los indígenas de México.
2. Corresponde
al H. Congreso de la Unión y Constituyente
Permanente, como poder independiente y
soberano, conocer, debatir y decidir sobre
las iniciativas de reformas a la
Constitución. Si el PRD quiere proponer y
defender una iniciativa diferente a la
enviada por el Poder Ejecutivo o a las
enviadas por otros partidos políticos, es su
deber hacerlo ante el propio Congreso.
3. La
iniciativa está integrada en más del 80 por
ciento por el proyecto elaborado por la
Comisión de Concordia y Pacificación y
recoge fielmente lo acordado con el EZLN en
San Andrés Larráinzar.
4. El Gobierno
Federal no usará la fuerza para resolver el
conflicto armado en Chiapas y continuará
buscando la solución mediante el diálogo y
la negociación política, diálogo que,
lamentablemente, fue suspendido de manera
unilateral por el EZLN desde hace casi dos
años.
- Rechazo al
uso de la fuerza del Estado. El 7 de
abril, durante la ceremonia conmemorativa
del Día Mundial de la Salud 1998, el
Presidente Zedillo afirma que el Gobierno
no cree en las opciones de fuerza, sino
en la defensa de la ley y de las
instituciones. Reitera que el Gobierno de
la República seguirá actuando única y
exclusivamente a través de la política
y de la buena fe para resolver cualquier
conflicto, con los medios que ofrece la
Constitución y en el marco de nuestras
instituciones.
- Entrevista
concedida por el Presidente Ernesto
Zedillo al diario venezolano El
Nacional el 15 de abril . El
Presidente Ernesto Zedillo se refiere, en
la entrevista para el diario más
importante e influyente de Caracas, al
conflicto en Chiapas y afirma que quienes
desean que el Gobierno reprima a los
mexicanos indígenas, se van a quedar
sentados esperando, y que el Gobierno
Federal no va a caer en la provocación
del EZLN, el cual quiere que el Gobierno
se manche las manos de sangre indígena,
lo que para ellos sería un triunfo
político.
Calificó de patraña y calumnia las
afirmaciones de quienes acusan a su
régimen de no cumplir con los acuerdos
de San Andrés Larráinzar, con lo que le
hacen el juego al EZLN.
Subrayó que hay algunos partidos
políticos que se mantienen en esa
posición a sabiendas de que están
actuando deshonestamente y rechazan las
razones del Gobierno, sin decir qué
proponen a cambio.
Resaltó la tolerancia que ha tenido su
gobierno para enfrentar el conflicto, la
cual no ha sido correspondida por el
EZLN, el que una y otra vez encuentra un
pretexto para no negociar. Pareciera,
subrayó, que ellos están interesados en
que el Gobierno acuda a la represión, ya
que han mostrado en repetidas ocasiones
que no tienen interés en el diálogo
porque le están apostando a la
violencia.
Afirmó que "se van a frustrar
porque al frente del Estado Mexicano
está una persona que no cree en la
violencia, y mi paciencia en ese sentido
es infinita".
Respecto de si se mantendrá el conflicto
en caso de que se apruebe la iniciativa
gubernamental en el Congreso y el EZLN la
rechace y permanezca en la ilegalidad, el
Presidente Zedillo explicó que el
conflicto tiene una causa social, sin la
cual no existiría. "El conflicto es
un asunto político en el momento en que
hay gente que siente que hay causas
sociales que no están siendo atendidas o
que no lo fueron históricamente.
Entonces el Gobierno tiene, como parte de
la solución, que seguir avanzando en el
frente social en la solución de los
problemas de raíz, que es lo que hemos
estado haciendo".
II.
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CASO
DE ACTEAL
- El 30 de
marzo, el titular de la PGR anuncia la
formalización de la creación de una
Fiscalía Especial encargada de concluir
la investigación del caso, al frente de
la cual se designó al abogado Efrén
González Pola. Anuncia también la
creación de otras 3 agencias del
Ministerio Público en los municipios de
Pantelhó, Tila y Ocosingo.
- El titular de
la PGR explica además que, como
resultado de la investigación, se ha
ejercido acción penal en contra de 124
personas entre ellas 113 civiles, por su
probable responsabilidad en los hechos.
Se ha ejercitado acción penal en contra
de 8 ex servidores públicos por diversos
delitos (homicidio calificado, lesiones
calificadas, transportación y portación
de armas de fuego sin licencia y de uso
exclusivo de las fuerzas armadas, entre
otros). Quedan pendientes 13 órdenes de
aprehensión.
- Reitera que
los hechos del 22 de diciembre fueron
consecuencia de la polarización entre
grupos antagónicos, la impunidad creada
por la falta de autoridad, las venganzas
constantes entre comunidades y la
corrupción policial, lo cual se tradujo
en un ambiente de ausencia del Estado de
Derecho en el municipio de Chenalhó.
Insiste en que el Ejército Mexicano no
tuvo responsabilidad alguna en los hechos
de Acteal.
- Líneas de
investigación: se investiga la
responsabilidad de servidores públicos
de la Policía Judicial de Chiapas por no
investigar ni perseguir los delitos
denunciados por las comunidades
indígenas; la responsabilidad de ex
funcionarios estatales por no intervenir
en la solución de los conflictos de
Chenalhó con anticipación a los hechos
de Acteal; la existencia y organización
de grupos armados en la zona de
conflicto, así como la participación de
individuos y grupos en la adquisición,
acopio y transporte de armas de fuego.
- El 2 de
marzo, la Fiscalía Especial informa de
la detención, por probable
responsabilidad en los hechos de Acteal,
del General retirado Julio César
Santiago Díaz y del soldado Mariano
Pérez Ruiz. El primero podría ser
responsable de homicidio y lesiones por
omisión y el segundo por haber dado
entrenamiento en el manejo de armas a
amigos y avecindados de Acteal.
III.
DEBATE SOBRE LA MEDIACION DE LA CONAI
- En el Informe
Narrativo Semestral Julio-Diciembre de
1997 de la COMISIÓN NACIONAL DE
INTERMEDIACIÓN, se argumenta, ante lo
que considera un "reflujo que sufre
la dinámica civil", que "es
una necesidad impulsar una mayor
participación internacional y llevar al
gobierno a la racionalidad".
- El reporte
propone "presionar al gobierno para
que en lo inmediato asuma" una
agenda en un determinado sentido,
señalando que "a esta presión
conviene incorporar la participación
internacional, inclusive de gobiernos y
organismos internacionales" para
contar con un respaldo respecto de
"los cambios que se requieran de
democracia, derechos humanos y
justicia". El documento da cuenta de
todo un conjunto de actividades
realizadas en consecuencia.
- Con motivo
del desplegado del 17 de marzo, en el que
la Comisión Nacional de Intermediación
denunciaba la presunta militarización y
paramilitarización de Chiapas y
criticaba la iniciativa de ley del
Ejecutivo Federal asegurando que el
Gobierno se apartaba de los Acuerdos de
San Andrés, el Gobierno Federal ha
conminado, en repetidas ocasiones, al
órgano de intermediación a rectificar
su actitud parcial a favor del EZLN y ha
invitado a Samuel Ruiz, sin obtener
respuesta favorable, a entrevistarse con
el Coordinador Gubernamental de las
Negociaciones.
IV.
INTERVENCÓN DE EXTRANJEROS
- El 16 de
febrero, el Subsecretario de Población y
Servicios Migratorios señala que el
Gobierno Federal tiene la firme decisión
de actuar para evitar que los extranjeros
participen en asuntos de competencia
exclusiva de los mexicanos. "Los
extranjeros son un factor que ha venido
complicando y ha entorpecido la solución
al asunto de Chiapas". Informa que
se ha documentado la presencia de 4,333
extranjeros en el Estado, desde la
aparición del EZLN. Por otra parte,
durante los últimos 7 meses se han
expulsado a 19 extranjeros y se analizan
los casos de otros 400.
- El 17 de
febrero, el titular de La Secretaría de
Gobernación advierte, en relación con
la presencia de los extranjeros en
México, que no se tolerarían
violaciones a los artículos 9 y 33 de la
Constitución (en los que se establecen
las condiciones para su estadía y la
prohibición para participar en
actividades políticas). A partir de
entonces, autoridades de La Secretaría
de Gobernación y Relaciones Exteriores
hacen declaraciones en el mismo sentido,
en tanto las autoridades de migración
aplican las leyes.
- El 26 de
febrero el debate se torna polémico ante
la expulsión del sacerdote francés
Michel Henry Jean Chanteau, párroco de
Chenalhó, por estar involucrado de
manera ilegal en el conflicto de Chiapas.
- Miembros de
la Comisión Civil Internacional de
Observación de los Derechos Humanos
realizan una gira por Chiapas, del 15 al
22 de febrero, en la que visitan
municipios y comunidades indígenas y se
entrevistan con autoridades que directa o
indirectamente participan en la solución
del conflicto. El primero de marzo la
CCIODH afirma que la solución al
conflicto corresponde a México y su
función es colaborar en la búsqueda de
vías de negociación para una solución
dialogada. El 28 de marzo, tres
integrantes la CCIODH entregan a
representantes del Consejo Autónomo de
Chenalhó, en San Cristóbal de las
Casas, su informe sobre Chiapas, el cual
será difundido en 12 países y se hará
llegar al EZLN.
- El 6 de
abril, el Coordinador para el Diálogo y
la Negociación en Chiapas y la jefa de
la Unidad de Coordinación y Enlace de la
SRE, reciben a los representantes de la
CCIODH, con quienes acuerdan que la
Secretaría de Gobernación sea el
conducto para hacer llegar a la PGR, la
Secretaría de Salud y la CNDH, un
informe elaborado por los representantes
de dicha Comisión en el que se plantean
algunos de los aspectos de mayor
relevancia.
- El 12 de
abril, la Secretaría de Gobernación,
con base en el Artículo 33
Constitucional, que faculta al Ejecutivo
a hacer abandonar del país,
inmediatamente y sin juicio previo, a
todo extranjero cuya presencia juzgue
inconveniente, y que establece que los
extranjeros no podrán de ninguna manera
inmiscuirse en los asuntos políticos del
país, decide la expulsión de 12
extranjeros detenidos durante la
ocupación de Taniperla, quienes violaron
flagrantemente el artículo 115 de la
Constitución, al participar en el ilegal
desconocimiento de una autoridad
legítimamente constituida, y al
pretender sostener a autoridades no
electas democráticamente ni contempladas
en nuestras leyes.
- El 12 de
abril, el Director General de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de
Gobernación señala que, aún cuando la
Constitución establece que, en el caso
de la aplicación del Artículo 33, el
Estado Mexicano puede expulsar a un
extranjero sin juicio de por medio, a los
doce extranjeros se les concedió
audiencia para expresar sus puntos de
vista y declararon en presencia del
Cónsul de su respectivo país.
- El 12 de
abril, el Comisionado del Instituto
Nacional de Migración afirma que las
embajadas no han manifestado desacuerdo
con la expulsión de los doce
extranjeros, en virtud de que México
actúo conforme a la ley y se cumplió
con las disposiciones de la Convención
de Viena.
- El 13 de
abril, la Secretaria de Relaciones
Exteriores afirma que México no tiene
ninguna política contra los extranjeros,
simplemente aplica la ley a aquellos que
violan nuestras leyes, lo que los
mexicanos hemos hecho es defender nuestra
soberanía, nuestro territorio e
instituciones de experimentos políticos
que quieren imponernos personas ajenas al
país.
- El 13 de
abril, el Subsecretario de Población y
Servicios Migratorios de la Secretaría
de Gobernación reitera que se procedió
con estricto apego a la ley en la
expulsión de los doce extranjeros y que,
por haber violado la prohibición del
artículo 33 de la Constitución y
oponerse a lo dispuesto por el Artículo
115, han cerrado sus posibilidades de
reingresar al territorio mexicano.
Señala que el Instituto Nacional de
Migración seguirá cumpliendo con su
función de promover la visita y
permanencia de extranjeros que resulta
benéfica para el país y velando se
acaten las normas migratorias en todo el
territorio nacional.
V.
ACCIONES DE AYUDA HUMANITARIA Y PROGRAMAS
SOCIALES
- Con el fin de
otorgar atención especial a los
desplazados del conflicto, por
instrucciones del Presidente Zedillo, el
Secretario de Salud inicia el 8 de marzo
la coordinación de instituciones
públicas y una gira de trabajo por los
municipios más afectados de Chiapas. El
10 de marzo se pone en operación un plan
emergente de ayuda humanitaria, que será
dado a conocer, en los días
subsecuentes, como Programa de Auxilio
Humanitario para beneficio de las
comunidades desplazadas. El 20 de marzo
se informa que mediante ese programa se
han transportado más de 100 mil unidades
de medicamentos, material de curación y
laboratorio, sueros y vacunas, además de
haberse prestado 2 mil 422 consultas. El
Secretario de Salud ha señalado que la
ayuda humanitaria se presta sin
distinción de militancia, ideología o
credo religioso y que el programa se
mantendrá durante el tiempo que sea
necesario.
- El 11 de
febrero, en cumplimiento de la
recomendación de la CNDH, el Gobernador
de Chiapas anuncia la creación de un
fondo, con un monto aún indeterminado,
para indemnizar a los deudos de Acteal.
- El 3 de marzo, el titular de
la Secretaría de Gobernación anuncia
que se reforzarán los programas sociales
de atención a la marginación con la
participación federal, estatal y
municipal.
- El 23 de marzo, el
Presidente de la Cruz Roja Mexicana
afirma que esa institución ha atendido a
más 3 mil desplazados en Chiapas, a
quienes ha suministrado servicios
médicos, alimentos y materiales de
construcción.
- El 10 de abril, el
Subsecretario de Desarrollo Social
señala que en los últimos tres años se
han invertido, únicamente en Chiapas, 3
mil millones de pesos, a través de
diferentes programas de combate a la
pobreza, como el Programa de Educación,
Salud y Alimentación (Progresa). Anuncia
que la inversión para este año se
mantendrá en los mil millones de pesos y
no tendrá variación a pesar de los
ajustes al presupuesto federal que se han
dado con motivo de la baja en los precios
del petróleo.
VI.
INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE
CHIAPAS
- El 17 de
febrero, el Subsecretario de Desarrollo
Social entrega más de 18 millones de
pesos a organizaciones de 30 municipios
de Chiapas, que se suman a 90 millones de
pesos entregados por el Fondo Nacional de
Empresas Sociales (Fonaes).
- El 13 de
marzo, la Secretaría de Desarrollo
Social anuncia la entrega de recursos por
1.7 millones de pesos a 19 organizaciones
de las regiones de la Selva, Centro y
Fronteriza para impulsar programas
técnicos y de capacitación.
- El 13 de
marzo, los titulares de la Secretarías
de Gobernación, Hacienda y Crédito
Público, Salud, Educación Pública,
Comunicaciones y Transportes, Ganadería
y Desarrollo Rural, Comercio y Fomento
Industrial y Reforma Agraria celebran
reunión para integrar el Programa de
Inversión y Gasto Corriente para el
Estado de Chiapas.
VII.
LIBERACIÓN DE PRESOS
- El 21 de
febrero son liberados 14 indígenas
simpatizantes del EZLN. Con anterioridad,
el Gobierno Federal había presentado una
lista de 48 personas excarceladas,
presuntos militantes zapatistas.
VIII.
REPORTEROS EN LA ZONA DE CONFLICTO
- En respuesta
a quejas de la Asociación de
Corresponsales Extranjeros en México, en
el sentido de que el Gobierno de México
estaría obstaculizando la labor de
periodistas extranjeros residentes en el
país, el Comisionado del Instituto
Nacional de Migración de la Secretaría
de Gobernación señala que la queja se
debió a una confusión, que es falso que
se estén exigiendo nuevas modalidades
para solicitar visas a corresponsales y
que el servicio opera en la misma forma
en que lo ha venido haciendo desde hace
dos años. La confusión se aclara en
reunión sostenida por el Subsecretario
de Población y Servicios Migratorios de
la Secretaría de Gobernación con el
Presidente de la Asociación de
Corresponsales Extranjeros en México.
IX.
OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y RESTITUCI&OACUTEN
DE AUTORIDAD
- El 8 de
abril, la Procuraduría de Justicia de
Chiapas informa que, por instrucciones
del Gobernador de Chiapas y en
cumplimiento a las órdenes de
aprehensión pendientes por los delitos
de homicidio, secuestro, robo con
violencia y despojo, fueron detenidas ese
día doce personas en San Cristóbal de
las Casas. Entre ellos se encuentran
Manuel Collazo Gómez, líder de
Organizaciones de Pueblos Evangélicos de
Los Altos de Chiapas (OPEACH), Domingo
López Angel, líder del Consejo Regional
Indígena de Los Altos de Chiapas
(CRIACH), Angel López, ex diputado local
plurinominal del PRD y Oscar de León,
líder de la Unidad Nacional Lombardista
(UNAL).
Durante el operativo en que participaron
600 elementos de la Policía Judicial del
Estado, de la Policía Judicial Federal y
de la Policía de Seguridad Pública del
Estado, se decomisaron 73 vehículos de
dudosa procedencia, se incautaron una
pistola calibre 38 milímetros, con
cargadores y municiones, un rifle calibre
22 y material para la fabricación de
bombas caseras.
En el momento de su detención, Manuel
Collazo Gómez tenía en su contra tres
órdenes de aprehensión por sus
actividades relacionadas con el tráfico
de armas y drogas, en las que participa
toda su familia. Por diferencias con los
dirigentes de la CRIACH, decidió fundar
otra agrupación evangélica, la OPEACH,
enfrentando los intereses de Domingo
López Angel, otro de los detenidos. Este
último, tenía el control de una parte
del mercado local, en cuyas inmediaciones
apoyó la proliferación del comercio
ambulante en detrimento de los
locatarios, a la vez que manejaba una red
de transporte urbano en condiciones
ilegales. La comunidad evangélica de La
Hormiga consideró que la acción del
Gobierno Estatal no fue una agresión
contra su Iglesia, sino la aplicación de
la ley a quienes venían cometiendo actos
delictivos en contra de la población.
- El 11 de
abril, personal de Seguridad Pública de
Chiapas y de la Policía Judicial Federal
recuperaron, sin actos de violencia,
desarmados y en treinta minutos, los
terrenos del ejido Taniperlas donde un
grupo de personas se había asentado para
fundar el llamado "municipio
autónomo Ricardo Flores Magón", en
el municipio de Ocosingo. El dispositivo
fue ordenado por el Gobernador del Estado
para restablecer el Estado de Derecho y
evitar que se sucedan actos fuera de la
ley y contra del Artículo 115
Constitucional.
Los elementos de Seguridad detuvieron a
20 personas, entre ellos 12 extranjeros,
de nacionalidad alemana, estadounidense,
española, canadiense y belga. En el
operativo participaron 450 elementos
desarmados de Seguridad Pública del
Estado, 15 elementos de la Policía
Judicial del Estado, 4 oficiales del
Instituto Nacional de Migración, 10
policías judiciales federales, un
notario público, y dos agentes del
Ministerio Público.
Ponemos
a su disposición una Cronolgía de sucesos
previos a la masacre de Acteal a partir del año
de 1994
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