México, D.F., 15 de marzo de 1998.

Iniciativa de Reformas Constitucionales en Materia deDerechos y Cultura Indígena que presenta el Ejecutivo Federal alCongreso mexicano.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Senadores delHonorable Congreso de la Unión,
Presentes.

Nuestra Constitución registra y sintetiza las luchas que losmexicanos hemos librado para construir nuestra nación. Frente aretos de grandes proporciones, en distintos tiempos y variadascondiciones, nuestra Constitución ha consagrado y ratificado lasaspiraciones y los principios fundamentales que nos definen y nosunen; que dirigen y ordenan nuestra convivencia; que orientannuestros esfuerzos hacia un futuro de mayor prosperidad,democracia y justicia para todos los mexicanos. Esos principiosesenciales son la soberanía, que sustenta la independencia y launidad de nuestra Nación; la libertad, que se expresa en lasgarantías individuales y los derechos humanos; la naturalezarepublicana y representativa de nuestra democracia; el pactofederal que enlaza a estados soberanos y municipios libres; losderechos sociales para lograr el bienestar común y la igualdadde oportunidades; la libertad de conciencia y el carácter laicode nuestras instituciones. Esos principios están vigentes y sereafirman cotidianamente en el funcionamiento de nuestrasociedad. Su práctica es perfectible, ya sea para corregirinsuficiencias y rezagos, o para adaptarnos a nuevascircunstancias, pero su permanencia es incuestionable. El respetoincondicional a los principios esenciales consagrados por nuestraConstitución, y la firme voluntad para ampliar y perfeccionar sufuncionamiento, son compromisos inquebrantables del PoderEjecutivo Federal.

Los pueblos indígenas de México han sido y son participantesdecisivos en los grandes movimientos históricos que definieron yratifican los principios de nuestra Constitución. Los pueblosindígenas contribuyeron a forjar nuestra Carta Magna, la handefendido con denuedo y, cuando la adversidad lo hizo necesario,le brindaron un último reducto para garantizar su persistencia.Quienes pretenden que nuestro marco constitucional es ajeno eimpuesto a los pueblos indígenas, desconocen la participación yel patriotismo, siempre reiterado, de estos mexicanos. No hay niha habido contradicción entre las justas demandas de los pueblosindígenas y los principios fundamentales del ordenconstitucional.

También es cierto que, a lo largo de dilatados procesoshistóricos, surgieron y se perpetuaron condiciones deexclusión, marginación e incluso discriminación en contra delos pueblos y las comunidades indígenas. Tales condiciones hanprovocado una pobreza inaceptable y dolorosa, una mayordificultad y a veces imposibilidad de tener acceso a lajurisdicción del Estado y a las instituciones públicas; unarepresentación insuficiente y, por lo mismo, la exclusiónpolítica y, en casos particulares, incluso un sometimiento aformas de dominio e intermediación arcaicas, injustas y almargen de la ley. Esas condiciones ofenden y lastiman a todos losmexicanos; significan un obstáculo para nuestro desarrollo ynuestro avance democrático, constituyen un reto inaplazable quenos concierne a todos.

La representación nacional ha reconocido que una de lasmuchas tareas que hacen falta para superar las condiciones dedesigualdad que afectan a los indígenas consiste en reformar laConstitución Política para consagrar explícitamente losderechos de estos mexicanos y generar las accionesinstitucionales, por parte del Estado mexicano, para garantizarsu cumplimiento. En 1992, el Constituyente Permanente reformó elartículo 4º constitucional a fin de consagrar la naturalezapluricultural de la nación, sustentada en la diversidadoriginaria de los pueblos indígenas, para garantizar el accesode los indígenas, en condiciones de igualdad, a la jurisdiccióndel Estado y llevar a cabo los esfuerzos adicionales quepromovieran su pleno desarrollo.

Sin embargo, aquella justa decisión de los Poderes Ejecutivoy Legislativo fue insuficiente. No alcanzó la fuerza suficientepara alentar los cambios necesarios en las legislaciones federaly locales, ni en la actuación de las instituciones públicasfrente a los pueblos y las comunidades indígenas. No logróconvocar con la urgencia y energía requeridas la conciencia dela sociedad, ni consiguió movilizarla para hacer frente a lajusta exigencia de los mexicanos indígenas.

Con la presente iniciativa de reformas a los artículos 4°,18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos proponemos "alcanzar la efectividadde los derechos sociales, económicos, culturales ypolíticos" de los mexicanos indígenas "con respeto asu identidad". Someto al Constituyente Permanente lasadecuaciones constitucionales necesarias para la"construcción de un pacto social integrador de una nuevarelación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado.Este pacto social para una nueva relación parte de laconvicción de que una nueva situación nacional y local para lospueblos indígenas sólo podrá arraigar y culminar con laparticipación de los propios indígenas y la sociedad en suconjunto, en el marco de una profunda reforma del Estado".Este proceso de transformación del Estado, hoy en marcha ennuestro país, generará las normas, instituciones y programasque complementen el mandato constitucional que se propone parahacer efectivos los derechos de nuestros compatriotas indígenas.

La iniciativa que someto a consideración de esa Soberanía esplenamente congruente con los principios rectores de nuestroorden jurídico, expresados en la Constitución. Preserva sinambigüedades la soberanía y la unidad nacionales, en las quecreemos todos y que también demandan los pueblos indígenas.Refrenda la vigencia de nuestras leyes e institucionesesenciales. "Parte del principio jurídico fundamental de laigualdad de todos los mexicanos ante la ley y los órganosjurisdiccionales, y no creación de fueros especiales enprivilegio de persona alguna, respetando el principio de que lanación mexicana tiene una composición pluricultural sustentadaoriginalmente en sus pueblos indígenas".

La iniciativa propone reconocer y consagrar derechos para lapreservación y el libre desarrollo de las culturas indígenas,con el respeto absoluto que merecen. Destaca el apoyo a laeducación indígena, con la participación directa de lascomunidades, pues la educación es el instrumento más poderoso yeficaz para alcanzar verdaderamente la igualdad. El derecho paraque las comunidades decidan por ellas mismas su organizaciónsocial, con plena libertad en lo que respecta a sus asuntosinternos, es reconocido sin más limitación que el respeto a lasotras formas igualmente libres y legítimas de organizacióninterna en un Estado de Derecho. En la iniciativa se establecenlas condiciones para reconocer las tradiciones y costumbresindígenas, y se refuerzan las normas y acciones para garantizarun acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, con especialatención al respeto de los derechos humanos y particularmentelos de las mujeres.

Esta propuesta promueve acciones que permitan, a través deuna nueva división municipal y de nuevas demarcaciones dedistritos electorales, obtener una representación política másamplia y eficaz de los mexicanos indígenas. De manera destacada,"se propone la integración del municipio con poblaciónmayoritariamente indígena no como un tipo diferente demunicipio, sino como aquél que en el marco del concepto generalde esta institución política permita, por un lado, laparticipación indígena en su composición e integración y almismo tiempo fomente e incorpore a las comunidades indígenas enla integración de los ayuntamientos".

Con estas y otras medidas que contiene la presente iniciativa,quedaría plasmada en nuestra Constitución la autonomía quelegítima y genuinamente reivindican las comunidades indígenaspara superar la desigualdad. La autonomía que se proponereconoce y respeta las diferencias, las identidades y su sustentocultural, así como las formas propias de organización social ylas autoridades que dirigen y representan a los pueblosindígenas. El concepto de autonomía propuesto excluyeprivilegios o fueros, y también cualquier forma dediscriminación; repudia aislamiento, segregación, pasividad oindiferencia. En consecuencia, rechaza cualquier pretensión deseparar o excluir a los indígenas, incluso con la justificaciónde protegerlos, de la convivencia con los componentes plurales dela vida nacional. La autonomía que se propone es congruente conlas normas e instituciones del Estado, pero exige mayor atenciónhacia las comunidades indígenas. La autonomía propuesta esincluyente para que los mexicanos indígenas puedan participarplenamente en el desarrollo nacional y la convivenciademocrática, con pleno respeto a su identidad. De hecho, laautonomía que se propone, fortalece a las instituciones delEstado, a través de una mayor participación democrática de losmexicanos indígenas. El ejercicio de esta autonomíacontribuirá a la democracia, la soberanía y la unidadnacionales.

La presente iniciativa recoge e incorpora la pluralidad deideas expresadas en los muchos foros que se abrieron paraanalizar y debatir la cuestión indígena en nuestro país.Destaca la Consulta Nacional sobre Derechos y ParticipaciónIndígena que realizaron conjuntamente los Poderes Ejecutivo yLegislativo y cuyas conclusiones se dieron a conocer en marzo de1996. En los 33 foros estatales, 120 encuentros con pueblos ycomunidades indígenas en 18 entidades, múltiples reuniones ycoloquios de dicha Consulta Nacional, participaron 25 milpersonas que presentaron más de 4 mil ponencias con cerca de 12mil propuestas de diverso orden y magnitud. En las reuniones dela Consulta se expresaron todas las posiciones, se reflejarontodas las opiniones, se escucharon los agravios y los reclamos enque los propios indígenas fincan sus demandas. En ese debateemergió con fuerza y nitidez la diversidad de puntos de vistaacerca de la situación de los pueblos indígenas y la vigorosapluralidad de perspectivas que la analizan. También surgieroncon claridad la necesidad y la voluntad de actuar para enfrentarsin dilación los problemas y las restricciones que afectan a lascomunidades indígenas.

La diversidad es característica de los pueblos indígenas deMéxico. En nuestro país se hablan 56 lenguas indígenas. Cadauna de ellas aporta riqueza, conocimiento y una visiónparticular del universo, la naturaleza y la sociedad. Sinembargo, la distribución de esa enorme variedad es irregular.Existen cuatro lenguas predominantes, el náhuatl, el maya, elmixteco y el zapoteco. La mitad del total de la poblaciónindígena utiliza una de esas cuatro lenguas. En cambio, entre laotra mitad de la población se utilizan más de 50 lenguas, lamayoría de éstas con menos de 20 mil hablantes cada una. Lalengua náhuatl, la más importante por su número de hablantes,cercano a 1’200,000, se utiliza por grupos significativos encinco estados de la República; en ninguno de ellos esmayoritaria y no hay continuidad geográfica entre sus hablantes.Esta distribución discontinua se repite en otras lenguas, que aveces presentan variedades regionales diferentes entre sí, loque contribuye a la complejidad del mosaico de la diversidadindígena. El indicador de la lengua, el más preciso, no reflejaplenamente las variaciones en otros aspectos importantes de lacultura y la organización social, haciendo más compleja larealidad indígena en nuestro país. Un caso extremo lorepresentan los centenares de miles de indígenas que viven enciudades y áreas metropolitanas o residen fuera del país.

En nuestra Constitución el concepto de "pueblo"tiene un carácter histórico. Se refiere a quienes participaronen los procesos que fundaron a la nación independiente y alEstado mexicano. El pueblo mexicano al que se refiere laConstitución es fuente de soberanía pero no puede utilizarsepara definir sujetos específicos de derecho. Para que esossujetos puedan acogerse a los derechos derivados de lasoberanía, requieren de categorías precisas como las denacionalidad y ciudadanía. En el artículo 4º constitucional,reformado en 1992, el concepto de pueblo indígena comparte elcarácter histórico y es fundamento de la definición de Méxicocomo una nación pluricultural. Este concepto histórico, quereconoce raíces y procesos, tampoco puede definir sujetos dederechos políticos, económicos o sociales, mucho menosterritoriales. Tales derechos se precisan en las localidades,ejidos, comunidades y, en su caso, municipios, donde hay unaclara presencia indígena.

Los conceptos de pueblo y comunidad no tienen un significadounívoco. En esta iniciativa, pueblo se utiliza para referirse agrupos étnicos con identidades y continuidades culturales que sereconocen en los procesos históricos. Comunidad se refiere a losgrupos sociales que pueden identificarse en espacios precisos oinstituciones concretas.

El reconocimiento de la rica diversidad de la vida y lasculturas indígenas, y de la complejidad de su expresión,requiere que la Constitución General de la República normeprincipios generales. Éstos, a su vez, deben dar origen aprocesos legislativos, en especial en el ámbito local; aprogramas públicos y, acciones privadas y de la sociedad, queencaren con precisión los problemas y ofrezcan soluciones realesy efectivas. La efectividad de los derechos que se consagren,sólo se obtendrá con la participación de los mexicanosindígenas en los ámbitos de representación y de gobiernocompetentes para hacer reconocer y respetar la diversidad. Losderechos que esta iniciativa propone no crean una categoríaartificial de indígena, alejada de las condiciones reales y dela gran complejidad de sus comunidades y localidades. Mucho menosabren el espacio para que nadie se atribuya la representación dela pluralidad indígena, que sólo a ella corresponde.

La presente iniciativa no sólo es congruente con losinstrumentos y tratados internacionales a los que nuestro paísse ha adherido, sino que los rebasa con amplitud. En 1990, enejercicio de sus facultades, el Senado de la República ratificóel Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales enPaíses Independientes, 1989, de la Organización Internacionaldel Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas. Convienerecordar que fue gracias a la ratificación de México, segundofirmante del documento, que se cumplió con los requisitos paraque el Convenio número 169 entrara en vigor el 6 de septiembrede 1991. Después de Noruega y México, el Convenio número 169ha sido ratificado solamente por Colombia, Bolivia, Costa Rica,Paraguay, Perú, Honduras, Dinamarca y Guatemala.

La ratificación del Convenio número 169 por México, sesustentó en el hecho de que nuestras leyes cumplían y en muchosaspectos superaban las cláusulas de ese instrumentointernacional, incluso antes de que se legislara sobre derechosindígenas con la reforma al artículo 4º constitucional de1992. La legislación mexicana de nuestro siglo emana de un granmovimiento social. Siempre ha estado atenta y a la vanguardia enmateria de derechos sociales. La iniciativa que se presenta nosólo es congruente con la letra y el espíritu del instrumentointernacional mencionado, sino que propone nuevas alternativas einaugura nuevas posibilidades para los mexicanos indígenas.

Resulta conveniente recordar que el artículo 2° del Convenionúmero 169 establece: "1. Los gobiernos deberán asumir laresponsabilidad de desarrollar, con la participación de lospueblos interesados, una acción coordinada y sistemática conmiras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar elrespeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluirmedidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar,en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que lalegislación nacional otorga a los demás miembros de lapoblación; b) que promuevan la plena efectividad de los derechossociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando suidentidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y susinstituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblosinteresados a eliminar las diferencias socioeconómicas quepuedan existir entre los miembros indígenas y los demásmiembros de la comunidad nacional, de una manera compatible consus aspiraciones y formas de vida". Ese es precisamente elenfoque que dirige las propuestas contenidas en esta iniciativa,sustentándolas en nuestra realidad y circunstancia, en cabalejercicio de la soberanía nacional.

El Convenio número 169 establece en su artículo 14: "1.Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho depropiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmenteocupan..." La legislación mexicana reconoció ese derechodesde la segunda década del presente siglo e instituyó, como loestablece el inciso 3 del artículo 14 del mencionado convenio"los procedimientos adecuados en el marco del sistemajurídico nacional para solucionar las reivindicaciones detierras formuladas por los pueblos interesados". Losprocedimientos de restitución para las comunidades despojadas,de reconocimiento y titulación para los núcleos que manteníanel estado comunal, y de dotación para quienes carecían detierra, se traducen hoy en más de 7 mil ejidos y comunidades conpresencia indígena, casi la cuarta parte del total nacional.Adicionalmente, en todo el país y en particular en regionesimportantes de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz,individuos y comunidades indígenas, por su propia decisión, sonpropietarios privados de la tierra. Mexicanos indígenas sontitulares de derechos sobre la tierra como propietarios,ejidatarios y comuneros en los términos que establece elartículo 27 constitucional.

Las reformas que propone esta iniciativa cumplen con losAcuerdos de San Andrés Larráinzar por lo que se refiere a lacreación de "un nuevo marco jurídico nacional para lospueblos indígenas". El punto II.6 de las "Propuestasconjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen aenviar a las instancias de debate y decisión nacional,correspondientes al punto 1.4 de las reglas deprocedimiento", del 16 de febrero de 1996, establece losprincipales derechos pactados como sigue: "a) ejercer elderecho a desarrollar sus formas específicas de organizaciónsocial, cultural, política y económica; b) obtener elreconocimiento de sus sistemas normativos internos para laregulación y sanción, en tanto no sean contrarios a lasgarantías constitucionales y a los derechos humanos, enparticular los de las mujeres; c) acceder de mejor manera a lajurisdicción del Estado; d) acceder de manera colectiva al uso ydisfrute de los recursos naturales, salvo aquellos cuyo dominiodirecto corresponda a la nación; e) promover el desarrollo delos diversos componentes de su identidad y patrimonio cultural;f) interactuar en los diferentes niveles de representaciónpolítica, de gobierno y de administración de justicia; g)concertar con otras comunidades de sus pueblos o de otros, launión de esfuerzos y coordinación de acciones para laoptimización de sus recursos, el impulso de proyectos dedesarrollo regional y en general para la promoción y defensa desus intereses; h) designar libremente a sus representantes, tantocomunitarios como en los órganos de gobierno municipal, y a susautoridades como pueblos indígenas, de conformidad con lasinstituciones y tradiciones propias de cada pueblo; i) promover ydesarrollar sus lenguas y culturas, así como sus costumbres ytradiciones tanto políticas como sociales, económicas,religiosas y culturales." Todos y cada uno de estos puntos,exactamente como fueron acordados, se recogen en esta propuesta.

La presente iniciativa se apoya en la propuesta que hizo laComisión de Concordia y Pacificación del Poder LegislativoFederal (COCOPA), prevista en la Ley para el Diálogo, laConciliación y la Paz Digna en Chiapas, decretada el 10 de marzode 1995. Desde la presentación de esa propuesta en el mes dediciembre de 1996, el Gobierno Federal manifestó claramente susreservas, formuló observaciones para superarlas y reiteradamentepropuso su modificación. Esta modificación no fue posible másallá de un proyecto que no se formalizó. El Gobierno Federalhubiera deseado presentar una iniciativa de manera conjunta conla COCOPA y, a través de ella, con el Poder Legislativo Federal.Sin embargo, el haber transcurrido ya quince meses en labúsqueda del consenso y la imposibilidad para lograrlo, hacenimpostergable la presentación de esta iniciativa.

La presente propuesta incluye las observaciones del GobiernoFederal a la redacción original de la COCOPA para prevenirconfusión, interpretaciones inadecuadas o contrarias a la unidadde los mexicanos. Esos riesgos no están presentes en losAcuerdos de San Andrés Larráinzar que firmó el GobiernoFederal. El texto que se propone corresponde plenamente con losAcuerdos firmados, compromiso vigente y reiterado del GobiernoFederal. Se comparte íntegramente el espíritu y la intenciónque motivó el esfuerzo de la Comisión de Concordia yPacificación al elaborar una propuesta de reformaconstitucional. El apego y cumplimiento de los Acuerdos de SanMiguel y San Andrés Larráinzar, a los que la COCOPA tantocontribuyó, es compartido y responde a un interés superior.Este interés que la propuesta atiende, es el tema trascendenteal que todos debemos dedicar nuestro esfuerzo y compromiso.

La iniciativa mantiene en el primer párrafo del artículo4º, el principio de la composición pluricultural de la Naciónmexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, yagrega la definición que para dichos pueblos prevé el Convenionúmero 169 de la OIT, al que se ha aludido.

En los Acuerdos de San Andrés se reitera sin equívocos quela autonomía habrá de ejercerse dentro del marco del Estadomexicano, sin que implique riesgos de rupturas o desconocimientode las instituciones estatales. En esa virtud, en el segundopárrafo del artículo 4º se precisa que el derecho a la libredeterminación de los pueblos, tendrá como forma de expresiónla autonomía respecto de los asuntos señalados en lasfracciones que ahí mismo se enumeran.

De aprobarse la iniciativa, se consagraría el derecho de lascomunidades indígenas a aplicar sus sistemas normativos pararesolver conflictos de carácter interno ; es decir,conflictos que involucren a los indígenas entre sí o con susinstituciones tradicionales. Los procedimientos y resolucionesrelativos a este tipo de conflictos serían validados por lasautoridades jurisdiccionales del Estado, en los términos queseñalen las leyes, cuando se compruebe que se cumple con losprincipios constitucionales. Ello con el fin de garantizar a lospropios indígenas que las resoluciones se ajustarán a lasgarantías individuales que la Constitución otorga a todos losmexicanos, y que se respetará la integridad y dignidad de lamujer.

Respecto a los conflictos distintos a aquellos referidos aasuntos internos, para garantizar el acceso pleno de losindígenas a la jurisdicción del Estado, se propone que en losjuicios y procedimientos en que estén involucrados deban tomarseen cuenta sus prácticas y particularidades culturales.

Ya que los medios de comunicación son un elemento importantepara la educación, así como para mantener, desarrollar ydifundir la rica herencia cultural de los pueblos indígenas,debe asegurarse el acceso de las comunidades indígenas a talesmedios. Desde luego, no sería adecuado crear un régimen deexcepción, que anule la legislación federal en la materia, yaque ello crearía desorden y abusos en la utilización de dichosmedios. Por ello, es necesario conciliar el régimen previstopara la utilización de los medios, por una parte, y lasnecesidades culturales y educativas de los pueblos y comunidadesindígenas, por la otra. En esa virtud, la iniciativa sugiere quela ley haga efectivo el acceso de las comunidades indígenas alos medios de comunicación. Para cumplir con este propósito, ellegislador podrá establecer la figura que considere pertinente afin de que, mediante procedimientos sencillos, el acceso a talesmedios sea realmente efectivo.

En el artículo 4º se plasmarían diversos compromisos delEstado mexicano con las comunidades indígenas. Destacan el depromover su desarrollo equitativo y sustentable; impulsar elrespeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en lanación; combatir toda forma de discriminación; impulsarprogramas específicos de protección a los indígenas migrantes;y desarrollar programas educativos de contenido regional en losque se reconozca su herencia cultural. Todas estas obligacionesdeberán, además, hacerse efectivas con la participación de lascomunidades indígenas.

De suma relevancia resulta la adición propuesta a lafracción X del propio artículo 115, conforme a la cual, en losmunicipios con población mayoritariamente indígena, lalegislación local debe establecer las bases que permitangarantizar la participación de las comunidades indígenas en laintegración de los ayuntamientos, organismos auxiliares ocualquier otra instancia afín. Ello propiciaría que aquellosmunicipios con amplias comunidades indígenas sean gobernados porpersonas que conozcan los problemas y necesidades de dichascomunidades.

El Gobierno de la República ha sostenido de manera invariableque sólo a través del diálogo respetuoso y de buena voluntad,con los medios que nos otorga nuestra Constitución, podremosresolver las diferencias que afectan y amenazan nuestraconvivencia. Reitero una vez más que ese es el camino parasuperar el conflicto que afecta a una región del Estado deChiapas y convoco a las fuerzas y corrientes políticas de lavida nacional para sumar esfuerzos que desemboquen en una pazdigna y en la reconciliación.

El Gobierno Federal refrenda su permanente disposición paracontinuar el diálogo, así como su decisión inquebrantable deno utilizar la violencia ofensiva ni represiva contra losmexicanos indígenas que se inconformaron. Con hechos concretosse ha dado repetida prueba de la voluntad política para pactaren el marco de la ley una solución política para Chiapas.

De manera congruente, hoy se da un paso adicional, al someteral Constituyente Permanente una iniciativa para reformar laConstitución y consagrar en ella los derechos indígenas con elfin de superar condiciones de desigualdad con pleno respeto a suidentidad, cultura y formas de organización social. Lainiciativa propone las adecuaciones constitucionalesindispensables para desatar la movilización de la sociedad y lasinstituciones públicas, con el propósito de combatir lasrestricciones que frenan la plena incorporación de los mexicanosindígenas al desarrollo y a su sustento democrático. Confío enque esta propuesta contribuye a superar el estancamiento, laincertidumbre y la división que afecta la convivencia entre loschiapanecos y frustra las aspiraciones de los pueblos ycomunidades indígenas de todo el país para avanzar en lasolución de sus justas reivindicaciones.

Confío, asimismo, en que esa Soberanía, que representa atodos los mexicanos, resolverá que es oportuno y corresponde conel interés superior de la nación analizar y, en su caso,aprobar las reformas para consagrar los derechos indígenas en laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos yotorgarles vigencia de inmediato.

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 71,fracción I, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, por el digno conducto de ustedes, CiudadanosSecretarios, someto a consideración de esa Soberanía lasiguiente iniciativa de:

 

DECRETO DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 4o.,18, 26, 53, 73, 115 Y 116
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN los artículos 4o.,primer párrafo, y 115, fracción V, y SE ADICIONAN los párrafossegundo a octavo del artículo 4o., recorriéndose en su ordenlos actuales segundo a sexto párrafos para pasar a ser noveno adécimo tercero; un último párrafo al artículo 18; un cuartopárrafo al artículo 26, recorriéndose el actual cuartopárrafo para pasar a ser quinto; un segundo párrafo alartículo 53, recorriéndose el actual segundo párrafo parapasar a ser tercero; una fracción XXVIII al artículo 73; lasfracciones IX y X al artículo 115, y un último párrafo a lafracción II del artículo 116, de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 4o. La Nación mexicana tiene unacomposición pluricultural sustentada originalmente en suspueblos indígenas, que son aquéllos que descienden depoblaciones que habitaban en el país al iniciarse lacolonización y antes de que se establecieran las fronterasactuales de los Estados Unidos Mexicanos y que cualquiera que seasu situación jurídica conservan sus propias institucionessociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Con respeto a las demás disposiciones de esta Constitución ya la unidad del Estado Mexicano, los pueblos indígenas tienenderecho a la libre determinación; la expresión concreta deésta es la autonomía de las comunidades indígenas para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y deorganización social, económica, política y cultural;

II. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación ysolución de conflictos internos, respetando las garantíasindividuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidade integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios ydecisiones serán convalidables, en los términos que las leyesseñalen, por las autoridades jurisdiccionales del Estado;

III. Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobiernointernos de acuerdo con sus normas, garantizando laparticipación de las mujeres en condiciones de equidad;

IV. Fortalecer su participación y representación políticasde conformidad con sus tradiciones;

V. De acuerdo con las formas y modalidades de propiedadprevistas en el artículo 27 de esta Constitución, acceder demanera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales,salvo aquéllos cuyo dominio directo corresponda a la Nación;

VI. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todoslos elementos que configuren su cultura e identidad, y

VII. Adquirir, operar y administrar sus propios medios decomunicación, en los términos que las leyes de la materiaestablezcan.

La Federación, los Estados y los Municipios deberán, en elámbito de sus respectivas competencias, y con el concurso de lascomunidades indígenas, promover su desarrollo equitativo ysustentable y la educación bilingüe e intercultural. Asimismo,deberán impulsar el respeto y conocimiento de las diversasculturas existentes en la Nación y combatir toda forma dediscriminación.

El Ejecutivo Federal, en consulta con las comunidadesindígenas, definirá y desarrollará programas educativos decontenido regional, en los que se reconocerá la herenciacultural de los pueblos indígenas.

El Estado impulsará programas específicos de protección delos derechos de los indígenas migrantes, tanto en el territorionacional como en el extranjero; en este último caso conforme alos principios del derecho internacional.

Para garantizar el acceso pleno de los indígenas a lajurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientosque involucren a indígenas, se tomarán en cuenta sus prácticasy particularidades culturales, respetando los preceptos de estaConstitución. Los indígenas tendrán en todo tiempo el derechoa ser asistidos por intérpretes y defensores que tenganconocimiento de su lengua y cultura.

El Estado establecerá las instituciones y políticasnecesarias para garantizar la vigencia de los derechos de lascomunidades indígenas y su desarrollo integral, las cualesdeberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con dichascomunidades.

Las constituciones y leyes de los Estados de la República,conforme a sus particulares características, establecerán lasdisposiciones y modalidades pertinentes para la aplicación delos principios señalados, garantizando los derechos que estaConstitución otorga a las comunidades indígenas.

...

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Artículo 18. ...

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Los indígenas compurgarán sus penas preferentemente en losestablecimientos más cercanos a su domicilio, de modo que sepropicie su reintegración a la comunidad como mecanismo esencialde readaptación social.

Artículo 26. ...

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La legislación correspondiente establecerá los mecanismosnecesarios para que en los planes y programas de desarrollo setomen en cuenta a las comunidades y los pueblos indígenas en susnecesidades y sus particularidades culturales. Asimismo,promoverá la igualdad de oportunidades a fin de que los pueblosindígenas, a partir de su propio esfuerzo, tengan accesoequitativo a la distribución de la riqueza nacional.

...

Artículo 53. ...

Para establecer la demarcación territorial de los distritoselectorales uninominales deberá tomarse en cuenta la ubicaciónde las comunidades indígenas, a fin de asegurar suparticipación y representación políticas en el ámbitonacional.

...

Artículo 73. ...

I a XXVII. ...

XXVIII. Para expedir las leyes relativas a lasresponsabilidades del Gobierno Federal respecto de lascomunidades indígenas, y la forma en que éste se coordinarácon los gobiernos estatales y municipales, con el objeto decumplir los fines previstos en la materia en los artículos 4o. y115 de esta Constitución;

XXIX a XXX. ...

Artículo 115. ...

I a IV. ...

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales yestatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar yadministrar la zonificación y planes y programas de desarrollomunicipal y urbano; participar en la creación y administraciónde sus reservas territoriales; controlar y vigilar lautilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales;intervenir en la regularización de la tenencia de la tierraurbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, yparticipar en la creación y administración de zonas de reservasecológicas. Para tal efecto y de conformidad a los finesseñalados en el párrafo tercero del artículo 27 de estaConstitución, expedirán los reglamentos y disposicionesadministrativas que fueren necesarios.

En los planes de desarrollo municipal y en los programas quede ellos se deriven, los ayuntamientos le darán participación alos núcleos de población ubicados dentro de la circunscripciónmunicipal, en los términos que establezca la legislación local.En cada Municipio se establecerán mecanismos de participaciónciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en laprogramación, ejercicio, evaluación y control de los recursos,incluidos los de origen federal, que se destinen al desarrollosocial;

VI a VIII. ...

IX. En cada Municipio, las comunidades indígenas tendránderecho a asociarse libremente a fin de coordinar sus accionespara la promoción de su desarrollo económico y social.

En términos del último párrafo de la fracción III de esteartículo, los Municipios con población mayoritariamenteindígena podrán coordinarse y asociarse para promover sudesarrollo. Las autoridades competentes transferirán de maneraordenada los recursos que se asignen a estos Municipios, para suadministración directa por los mismos, y

X. En los Municipios con población de mayoría indígena, lalegislación local establecerá las bases y modalidades paraasegurar la participación de las comunidades indígenas en laintegración de los ayuntamientos, organismos auxiliares einstancias afines.

Las legislaturas de los Estados, al aprobar la creación denuevos Municipios, tomarán en cuenta la distribucióngeográfica de las comunidades indígenas, previa opinión de laspoblaciones involucradas.

Artículo 116. ...

...

I. ...

II. ...

...

...

Con objeto de garantizar la representación de las comunidadesindígenas en las legislaturas de los Estados, para lademarcación de los distritos electorales se tomará enconsideración la distribución geográfica de dichascomunidades.

III a VII. ..."

 

T R A N S I T O R I O S

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al díasiguiente de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

SEGUNDO.- Las autoridades competentes del Estado deChiapas podrán revisar y, en su caso, modificar la divisiónmunicipal y la demarcación de los distritos electoralesuninominales de dicha entidad federativa. Únicamente para estosefectos, lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracciónII del artículo 105 constitucional no será aplicable para elproceso electoral local de 1998 en dicho Estado.

Reitero a ustedes, Ciudadanos Secretarios, la seguridad de miatenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a los catorce días del mes demarzo de mil novecientos noventa y ocho.

 

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